Minatitlán, Veracruz, México - 20 de Junio de 2017
 
             
   
             
  Servicios médicos: Pemex y MediAccess
Alfredo Poblete Dolores/alfredopoblete@hotmail.com

Xalapa, Ver.- El 17 de abril de 2015 Pemex contrató a una aseguradora “especializada” en brindar servicios médicos llamada MediAccess. Esa empresa privada ya es la responsable de proporcionar los servicios de salud a 108 mil petroleros en 90 ciudades del país. En esas localidades –dispersas en el territorio nacional- Pemex nunca tuvo instalaciones propias para brindar los servicios sanitarios a sus derechohabientes. En Xalapa, Ver., Mérida, Yuc., Toluca, edo de Méx., Hermosillo, Son., y otras tantas poblaciones la ex paraestatal subrogaba el apoyo de médicos y medicinas. Comprensible que la empresa petrolera supliera con médicos, clínicas u hospitales particulares el servicio que debería proporcionar con sus recursos humanos y materiales. Hacerlo directamente hubiera resultado muy gravoso para Pemex.

El diccionario dice que subrogar es: sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Pongamos de ejemplo a Xalapa, Veracruz. El sustituto de Pemex –desde hace tres años- es el Hospital Ángeles. Ahora, gracias a la reforma energética y a la “modernización” de Petróleos Mexicanos, entre esas dos entidades -Pemex y el Hospital Ángeles- incrustaron sigilosamente a MediAccess. Parece intrascendente esa “nueva” forma de administrar el servicio de salud. Total, a los petroleros y sus familias los seguirán atendiendo “en el Ángeles”.

La inmensa mayoría de los derechohabientes involucrados desconocen que el servicio médico subrogado de Pemex pasó a la categoría de privatizado con todas las consecuencias que conlleva. Veamos algunos datos e impactos que acarreará la decisión.

El contrato firmado entre Pemex y MediAccess ascendió a mil 200 millones de pesos. La ex paraestatal pagó a la compañía privada esos millones de pesos para que “atienda” a sus derechohabientes. La “aseguradora” facturará los cobros a Pemex con una cuota de administración que asciende a 125 pesos mensuales por derechohabiente (Mil seiscientos veinte millones al año); otra cláusula del contrato dice que habrá un “premio por eficiencia” de hasta 33 por ciento de los ahorros que alcance la aseguradora. El costo anual por derechohabiente podría disminuir hasta los 11 mil pesos (Mil ciento ochenta y ocho millones de pesos por año). De los “ahorros” obtenidos $ 3,630.00 por derechohabiente (cuatrocientos treinta y cinco millones de pesos por año) serían para MediAccess como “premio a su eficiencia”. Es un bonito negocio: entre más servicios médicos pichicatee o niegue la aseguradora más dinero gana MediAccess y -sin duda alguna- algunos funcionarios de Pemex serán salpicados con algunas migajas de esa podredumbre. O lo que es lo mismo: la salud como turbio negocio.

Tiene aproximadamente 10 años que, en los hospitales y clínicas de Pemex, así como en los servicios subrogados del país se empezó a agudizar la escasez de medicamentos. Los petroleros activos, jubilados y sus familiares que acuden al servicio médico de la ex paraestatal escuchan más frecuentemente la negativa -por parte de los galenos- para suministrarles los medicamentos y muchos de esos enfermos tienen que acudir a comprarlas en farmacias particulares -cuando no son tan costosos o endrogarse para poder adquirirlos- e iniciar una serie de tortuosos trámites para el reembolso -cuando por suerte ocurre- de esos gastos. Lo mismo sucede con los servicios que “proporcionan” los laboratorios de análisis clínicos o de imagen. Muchos “viejos” escuchan que las prótesis recomendadas para “funcionar” mejor en la vida son inexistentes en los hospitales y clínicas privadas -que rinden cuentas a MediAccess- e igualmente tienen que comprarlas con su dinero y empezar las interminables gestiones para el implante -de esos sustitutos corporales- a través de una operación quirúrgica.

No existe diferencia entre pedir limosna en la calle e iniciar el burocrático camino del reembolso de los gastos médicos. En ambos casos el trato es vergonzoso, indigno e infame. La desilusión, frustración y enojo de los petroleros se palpa día a día y se incrementa cuando contemplan el desmantelamiento del sector salud de la “empresa productiva” del estado.

En Sonora, Baja California y Yucatán ya no proporcionan el servicio médico a los petroleros. Los jubilados y pensionados de esa parte de la república fueron abandonados y quedaron al garete en el campo de la salud. El proceso de destrucción de la industria petrolera sigue avanzando y en un futuro no muy lejano veremos a un mayor número de petroleros desprotegidos en el ámbito laboral y de la seguridad social.

La comisión nacional de los derechos humanos (CNDH) declara que la salud es un derecho humano y enuncia que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, (…) tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables. Me pregunto: ¿El gobierno federal y Petróleos Mexicanos están cometiendo un ilícito al faltar a sus obligaciones o solo hacen una canallada?

Pensar que gran parte de la familia petrolera votó a favor de Fox, Calderón y Peña Nieto para que arribaran a la presidencia del país. No nos confundamos, ellos y sus compinches fueron los artífices de la privatización y desmantelamiento de Petróleos Mexicanos. El proceso destructivo -de los servicios médicos de PEMEX- es un ensayo que será aplicado en un futuro no muy lejano al IMSS e ISSSTTE.

Esos son parte de los saldos de la privatización y del contubernio -salpicado de corrupción y raterías- entre “políticos” neoliberales y “empresarios” -en este caso- de la salud.

Nuestra participación política se reduce a dos caminos: detener y revertir la destrucción del país -a través del voto razonado- y alzar la voz para exigir, con energía, que la justicia social -plasmada en la Constitución de la república- no sea letra muerta o seguir siendo “carne de cañón” que sea utilizada para saciar la voracidad de esa bola de vende-patrias, rateros y sinvergüenzas.